Se acabaría la fiesta con pluses salariales
Ottón Solís, diputado del PAC, es uno de los principales impulsores de estos cambios. Gerson Vargas/La República
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La mayoría de diputados declararon la guerra a una serie de pluses salariales que reciben desde hace años los funcionarios públicos, incorporando mociones a la reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa.

Los principales cambios serían limitar las anualidades al 1,94% del salario base, este beneficio lo reciben los trabajadores públicos por cada año laborado, y en algunos casos llega hasta el 7%.

El techo en la anualidad que promueve el diputado oficialista Ottón Solís no aplicaría para las instituciones que tengan convenciones colectivas que fijan un monto mayor, como Japdeva, Recope y el INS.



Sin embargo, regiría para los funcionarios del Gobierno central, sean nuevos o viejos.

Otra moción aprobada es cobrar un impuesto de renta del 20% a los salarios que oscilen entre ¢2,1 millones y ¢4,2 millones, y uno del 25% a los que superen los ¢4,2 millones. En la actualidad, esos salarios pagan el 15%.

La no creación de nuevos incentivos, así como el pago de remuneración por concepto de discrecionalidad y confidencialidad, también sería descartada como parte del beneficio que se otorga hoy por dedicación exclusiva.

También se podría incorporar una medición a las anualidades con respecto al desempeño de los burócratas; no obstante, por el momento no hay ninguna moción al respecto.

Ponerle freno al tope salarial del sector público ha sido una de las principales peticiones a las últimas dos administraciones, de parte del sector empresarial.

Mientras tanto, las medidas se califican como drásticas por el sector sindical.

“El déficit fiscal no se resuelve golpeando a la clase trabajadora. No podemos ser los únicos sacrificados con estas medidas injustas del Gobierno”, dijo Albino Vargas, secretario de la ANEP.

Las medidas deben ser nuevamente estudiadas en el Plenario Legislativo, con el propósito de algunos congresistas de que sean votadas en primer debate antes de que concluya esta legislatura, como parte del proceso de vía rápida.
 

Cambios aprobados y desechados

Los diputados estudian 1.300 mociones y esperan darle un dictamen afirmativo al proyecto el próximo lunes por la noche, todavía quedan muchas por discutir


Aprobados

  • Limitar a un 1,94% del salario base el pago de anualidades a los empleados públicos por cada año laborado
  • Cobrar un impuesto de la renta del 20% a los salarios que oscilen entre ¢2,1 millones y un 25% a los que superen los ¢4,2 millones
  • No procede crear más incentivos adicionales improcedentes al salario
  • Auxilio a cesantía
  • Elimina el pago de discrecionalidad y confidencialidad


Desechados

  • Cobrar un 15% de impuesto de renta a las cesantías que sobrepasen los ocho años
  • Un IVA de un 16% y escalonado del 16% el primer año hasta 13
  • Añadir como contribuyentes a los bancos, la Fanal, al ICE dentro de Renta
  • Cobrarles a las cooperativas el impuesto de renta
  • Poner un impuesto de renta a las utilidades repatriadas de las zonas francas

 

Elevado gasto

Los empleados públicos cuentan con una serie de beneficios que están siendo analizados por los diputados.

  • El salario de cada empleado público aumentó un 48% sobre la inflación en los últimos ocho años.
  • En promedio el salario de un funcionario será de ¢1,5 millones en 2018
  • El gasto total destinado a salarios aumentó un 52%, pasando de ¢11,7 millones anuales por puesto, a ¢17,8 millones

Fuente Cálculos propios con datos del Ministerio de Hacienda

 

Diputados

El proyecto de ley se espera que sea votado en abril; sin embargo, todavía quedan muchos aspectos pendientes por discutir.


A favor

Ottón Solís
Diputado
PAC

Estos cambios a la dedicación exclusiva y anualidades son urgentes para que el nuevo gobierno tenga un mejor panorama de trabajo y atender las necesidades de la población.


Sandra Piszk
Diputada
Liberación Nacional

Las iniciativas no eliminan ningún incentivo salarial o plus, ni los derechos adquiridos, lo que vienen es a regularlos y estandarizarlos, en diferentes instituciones públicas para evitar diferencias en mismos puestos con idénticas funciones, como antigüedad, prohibición, dedicación exclusiva, cesantía, carrera profesional y disponibilidad.
 

En contra


Edgardo Araya
Diputado
Frente Amplio

“Si bien es cierto, hay que cuidar la Hacienda pública, no estamos dispuestos a que se resuelva el problema fiscal castigando a los empleados públicos”.


Otto Guevara
Diputado
Movimiento Libertario

“No estoy de acuerdo con nada de lo aprobado, utilizaré todas las herramientas legales a mi alcance, para evitar la aprobación en primer debate de la ley de responsabilidad fiscal porque este país no aguanta más impuestos”.


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